Entre los judicializados se encuentra José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, cabecilla del grupo delincuencial.
Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron la identificación y judicialización de siete presuntos integrantes de la organización delictiva, denominada ‘Los Satanás’. Estas personas se les atribuye su posible responsabilidad en extorsiones a comerciantes de Soacha (Cundinamarca), entre octubre de 2023 y enero de 2024.
Los procesados son Luis Carlos Guette Villafañe, María Ángela Vides Carrillo, Mishel Andrea Martínez Pérez, Danna Paola Puello Jiménez, Claudia Milena Villareal Martínez, Yair de Jesús Sabalza Pino y Andrea Carolina Franco Chávez.
Adicionalmente, fueron judicializó a Jesús David Sulvarán Aguilar, Ronnier Dario Villegas y José Manuel Verá Sulbarán, alias Satanás, quienes están privados de la libertad por otros hechos.
Los elementos materiales probatorios indican que, ‘Los Satanás’, al parecer enviaban desde la cárcel, panfletos intimidatorios a los celulares de las víctimas para exigir dinero. Los mensajes iban acompañados de fotos de sus familiares, y negocios.
De acuerdo con la investigación, los procesados presuntamente le pedían a las víctimas entre 300 a 700 mil pesos semanales o mensuales, y si se negaban a pagar, enfrentaban ataques armados frente a sus establecimientos comerciales.
Por estos hechos, un fiscal especializado ante el Gaula Cundinamarca, les imputó los delitos de extorsión agravada en concurso con concierto para delinquir agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
ALGO/AMCJ/NPLO/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
