Se le atribuye haber contactado a dos hermanos de 13 y 14 años en Cauca y, en medio de ofrecimientos de dinero, convencerlos de hacer parte de una estructura armada en Arauca.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que ponen en evidencia el posible actuar ilícito de Floralba Idalí Delgado Velasco, alias La Mona, quien sería las responsable de reclutar menores de edad para diferentes estructuras de las disidencias de las Farc.
Uno de los hechos que se le atribuye ocurrió el 20 de junio de 2023, en Santander de Quilichao (Cauca). La mujer habría contactado a dos hermanos de 13 y 14 años, y ofrecido dinero para que se vincularan a una red armada al servicio del autodenominado Frente 10 Martín Villa, que tiene injerencia criminal en Arauca.
En el curso de la investigación se conoció que, luego de convencerlos, alias La Mona presuntamente alojó a los niños en un hotel y posteriormente los trasladó a la terminal de transporte, donde les compró tiquetes para que viajaran en un bus de servicio público a Arauca. La oportuna reacción de personal de la Sijin del Departamento de Policía de Cauca evitó que las víctimas abordaran el vehículo.
Por todo lo anterior, un fiscal especializado de la Seccional Cauca le imputó el delito de reclutamiento ilícito. La procesada no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Alias La Mona fue capturada en un procedimiento realizado de manera conjunta con la Policía Nacional en vía pública del barrio Matamoros, en Popayán (Cauca).
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.