Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Erney De Jesús Mejía Garcés, presunto responsable de someter a vejámenes sexuales a dos menores de edad en un hogar infantil informal en Pereira (Risaralda).

Se observa al capturado de frente, a un costado, un funcionario del CTI y al otro uno de Policía Nacional.  Atrás, un pendón de la Fiscalía General de la Nación.
Erney De Jesús Mejía Garcésfue enviado a la cárcel por solicitud de la Fiscalía General de la Nación

El hombre fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de acto sexual violento, y acto sexual abusivo con menor de catorce años, ambos agravados. Los cargos no fueron aceptados.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían registrado entre 2021 y 2024 en un  hogar de cuidado infantil, que operaba sin la documentación que acreditaba dicha actividad.

Al parecer, Mejía Garcés sometió en varias ocasiones a vejámenes sexuales a dos menores de edad de seis y siete años, aprovechando que su esposa, la responsable del improvisado lugar, atendía otras labores. El ahora investigado, presuntamente amenazaba a las víctimas con atentar contra sus padres si contaban lo sucedido.

Mejía Garcés fue capturado el pasado 25 de abril, en vía pública del barrio San Nicolás de Pereira, por uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de Policía Nacional. Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) participaron en el operativo para restituir los derechos de las menores de edad.

 

 

 

 

CLCG/AMCJ/ACBS/DSR

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.