La Fiscalía General de la Nación judicializó al ciudadano canadiense, Raymond Troung, por su presunta participación en la retención, tortura y hurto a una mujer que laboraba como empleada de servicios generales en el inmueble de renta corta donde estaba hospedado en el barrio El Poblado en Medellín (Antioquia).
Un fiscal destacado ante el Gaula le imputó los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, y tortura. El extranjero, de 30 años, no aceptó los cargos.
Según la denuncia formulada por la víctima, el 23 de noviembre de 2023, fue retenida durante hora y media, en contra de su voluntad, por el hoy procesado y otro extranjero que se hospedaban en un apartamento de renta corta.
El material de prueba da cuenta de que la víctima presuntamente fue golpeada para que entregara información sobre la ubicación de un anillo y un dinero en efectivo, que supuestamente habían sido sustraídos del inmueble.
La mujer, de 42 años, también reportó que después de la golpiza, que le generó una incapacidad médico legal de 15 días, fue despojada de su celular.
El investigado fue capturado el pasado 27 de abril por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Gaula, con el apoyo del Ejército Nacional, en una parcelación ubicada en Llanogrande (Antioquia).
Durante la captura y las audiencias preliminares hizo presencia un traductor. Un juez de control de garantías le impuso media de aseguramiento en el lugar de domicilio, decisión que fue apelada por la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de víctimas.
Por los mismos hechos y delitos, en enero de este año fue judicializado Raymond Arthur JR Cornish.
NAMT/AAR/AMCJ/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
