Las acciones ilícitas les habrían permitido apropiarse de más de 100 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Eduardo Torres González, por su presunta participación en diversos hurtos mediante la modalidad de ‘cambiazo’ de tarjetas, entre agosto de 2023 y junio de 2024, en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.
En ese sentido, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), de la Seccional Córdoba, le imputó los delitos de concierto para delinquir; obstaculización ilegítima al sistema informático o red de telecomunicaciones; y hurto por medios informáticos y semejantes.
De acuerdo con las investigaciones, Torres González haría parte de un grupo delincuencial denominado Los Ilusionistas, señalado de incurrir en daños a cajeros automáticos y hurto a ciudadanos, a través de medios informáticos.
Según la investigación, la organización sería la responsable de vandalizar cajeros electrónicos y luego, ofrecían su ayuda a usuarios de la tercera edad, a quienes les cambiaban sus tarjetas, débito o crédito. Así lograban realizar retiros, transferencias y compras sin autorización de los ciudadanos. Mediante estas prácticas se habrían apropiado de más de 100’000.000 de pesos.
Entre las víctimas se encuentra un ciudadano de 60 años, a quien le hurtaron 19 millones de pesos; además de un funcionario judicial, con cuyas tarjetas realizaron compras por 17 millones de pesos.
El procesado fue capturado en Barranquilla por uniformados de la Policía Nacional. En medio de las audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
En desarrollo de esta investigación han sido judicializadas 11 personas de la misma red criminal.
VHGB/AMCJ/CAHL/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
