Serían los representantes legales de las empresas que hicieron parte del holding creado para darle tránsito y apariencia de legalidad a los dineros captados ilegalmente y de manera masiva.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
La investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos da cuenta de que estas personas, al parecer, hicieron parte del grupo de empresarios que dio apariencia de legalidad a los dineros captados por el modelo ilegal de inversión en criptomonedas conocido como Daily Cop.
Adicionalmente, se estableció que Adams Suárez sería el contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas; mientras que Giraldo López estaría implicado en la promoción del esquema ilegal y la captación de recursos.
Las evidencias obtenidas indican que este holding recurría a actos sociales y a influenciadores, a través de redes sociales y mediante comercios aliados, para atraer inversionistas en monedas virtuales, a cambio de supuestas rentabilidades del 0.5 diario y el 12% mensual.
Las personas que confiaron sus ahorros no recibieron los dividendos prometidos. En realidad, las empresas asociadas habrían utilizado los aportes para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama, de tal manera que incrementaron sus patrimonios injustificadamente.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
