La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres y a una mujer, que en hechos diferentes, estarían involucrados en el almacenamiento de armas y estupefacientes en Bolívar.
Fiscales de la Seccional Bolívar les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los tres hombres no aceptaron los cargos, mientras que la mujer se allanó a ellos.
En un primer caso, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario a Camilo Periñán Baldiris, alias El Viejo; y Alfredo Periñán Zúñiga, alias El Barba, quienes fueron capturados en dos allanamientos realizados por la Policía Nacional en el barrio Villa Rosita de Cartagena.
Durante los operativos les fueron incautadas dosis de marihuana y cocaína que, al parecer, eran distribuidas en los barrios 20 de Julio, Arroz Barato, Policarpa, Olaya Herrera, La Candelaria, Fredonia, entre otros, de Cartagena. Asimismo, a ‘El Viejo’ le fue hallada un arma de fuego sin permiso oficial de porte y dinero en efectivo.
Entre tanto, también le fue impuesta medida de aseguramiento intramural a Angie Marisol Díaz Díaz, quien fue detenida en una vivienda del barrio El Ceibal de Arjona (Bolívar). En el operativo le fue incautada un arma de fuego con tres cartuchos.
Por otra parte, un juez de control de garantías impuso medida de detención domiciliaria a Robinson Uribe Sánchez, capturado con más de 1.200 gramos de cocaína en una residencia del barrio San Fernando en Cartagena.
MEVA/LMFO/AMCJ/NA/LO/NP/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
