Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cajamarca (Tolima) impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de cuatro presuntos integrantes del frente Joaquín González, de las disidencias de las Farc.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; ambas conductas agravadas, además de utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por ninguno de los procesados.

Se trata de Edwin Alberto Vargas Muñoz, Juan Felipe Galvis Murcia, Miguel Ángel Romero Torres y José Einer Vargas Muñoz, quienes fueron sorprendidos por el Gaula de la Policía en el momento que se desplazaban, el pasado 5 de abril, en dos motocicletas, por la vereda Los Cauchos, zona rural de Ibagué. 

Estas personas, al parecer, estaban portando un fusil, una pistola, municiones, más de 280 panfletos citatorios del citado frente, uniformes camuflados, agendas con información de las supuestas víctimas y cuatro celulares.

De acuerdo con la información, los procesados, al parecer, ejercían funciones de mando en una comisión establecida en la zona, y serían los responsables de extorsionar a comerciantes y finqueros en Rovira, Roncesvalles, Ibagué, entre otras localidades cercanas.

 

 

 

 

 

PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.