Según la investigación, todos los procesados son integrantes de una misma familia.
Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a los presuntos responsables del asesinato de un hombre, de 34 años, en Guadalupe (Huila).
Se trata de los hermanos Félix Orlando, Jaime Albeiro y Einer Orlando Ruíz Gómez; además de Andi René Ruíz Bastidas y Brayan Stiven Guevara Bastidas. Una fiscal de la Seccional Huila les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no aceptaron los procesados.
De acuerdo con la investigación, el 25 de mayo de 2024, los hoy procesados se encontraban departiendo en un bingo, en la escuela de la vereda La Rivera, zona rural de Guadalupe (Huila), mismo lugar donde se encontraba la víctima, con algunos familiares.
Allí, en medio de un hecho de intolerancia, al parecer, estos hombres atacaron con arma cortopunzante al agricultor, propinándole varias heridas en su cuerpo. La víctima fue auxiliada y trasladada hasta un centro médico, donde llegó sin signos vitales.
Durante el desarrollo de tres diligencias de allanamiento y registro, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el grupo GOES de la Policía y el Ejército Nacional, capturaron a los presuntos agresores, en inmuebles ubicados en la vereda La Rivera de este municipio, en el operativo les incautaron varias armas de fuego y munición.
WAGG/LMFO/AMCJ/LC/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
