Los investigados se habrían identificado como integrantes de un grupo armado ilegal para exigir el pago de más de 70 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima.
Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Daniel Duván Gasca Cuellar, alias Morocho, y Daiby Arley Cabrera, alias Chatarrero, por su presunta participación en la retención ilegal de una mujer en zona rural de Puerto Asís (Putumayo).
En ese sentido, un fiscal especializado Gaula les imputó, de acuerdo con su nivel de responsabilidad, los delitos de secuestro extorsivo; y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron cargos.
De acuerdo con la investigación, el 24 de julio de 2024, alias Morocho y ‘Chatarrero’ haciéndose pasar como integrantes de las disidencias de las Farc, presuntamente despojaron a la víctima y a su pareja sentimental de un camión en el que se movilizaban, para presionar el pago de una supuesta deuda.
Al día siguiente, le habrían exigido una alta suma de dinero a la víctima y al no llegar a ningún acuerdo, trasladaron a la mujer en un bote hasta el sector de Puerto Vega. Allí, en compañía de otros delincuentes, al parecer, contactaron a su familia exigiendo el pago de más de 70 millones de pesos a cambio de su liberación, hecho que se dio el 1 de agosto de 2024.
Estas personas fueron capturadas por uniformados del Gaula del Ejército y la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial, en vía pública del barrio San Nicolás de la localidad.
WAGG/AMCJ/JAJ/NCO/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
