Las propiedades afectadas están ubicadas en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 6 vehículos, 11 sociedades, 14 establecimientos de comercio y 30 inmuebles, entre lotes, casas y apartamentos, que harían parte del patrimonio del señalado narcotraficante Julio César Rojas Betancourt, alias Fresa.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 69.000 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los bienes afectados habrían sido adquiridos con dineros obtenidos por el envío de toneladas de clorhidrato de cocaína desde la región del Catatumbo en Norte de Santander hacia países del Caribe y Estados Unidos. En ese sentido, se estableció que fueron puestos a nombre de familiares y conocidos de alias Fresa para intentar ocultar su origen ilegal.
Julio César Rojas Betancourt fue considerado en su momento como uno de los principales socios narcotraficantes de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, extinto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pelusos’. Fue capturado en marzo de 2018, en una operación conjunta de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA. Posteriormente, fue extraditado por solicitud de una Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes.
FAGH/MAGA/JARG/JIC/DEEED
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
