Entre los procesados, están un hombre que presuntamente abusó de su hijastra por cerca de 9 años y otro que, al parecer, accedió carnalmente a su hermana.
El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a dos presuntos abusadores sexuales en Atlántico.
El primer proceso se refiere a hechos registrados en Sabanalarga, donde un hombre, presuntamente, abusó de la hija de su compañera sentimental desde que tenía 12 años. Los vejámenes, al parecer, iniciaron en el 2013 y se extendieron hasta el 2024.
El señalado agresor, de 30 años, fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado. En cumplimiento de una orden judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron su captura el pasado 26 de febrero en el barrio Sabanitas de Sabanalarga.
De otra parte, fue judicializado un hombre de 25 años, que habría accedido carnalmente a su hermana. La agresión, al parecer, se registró el 15 de septiembre de 2023 en la casa de la familia ubicada en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en jurisdicción de Luruaco.
El procesado cumplía una condena domiciliaria por un delito de violencia intrafamiliar y habría aprovechado un momento de indefensión de su familiar de 20 años para agredirla sexualmente.
En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento, al cual no se allanó. La captura del procesado fue llevada a cabo por el CTI en una vía pública de Luruaco.
MEVA/AMCJ/MC/WFOJ/DSA
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
