Un fiscal adscrito a la Seccional Santander presentó ante un juez con función de control de garantías a Gabriel Antonio Núñez Fuentes, como presunto responsable de causar la muerte del agente de tránsito Ricardo Chacón García. Los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 2024 en el barrio El Remanso de Floridablanca.

El capturado aparece de pie, en el centro de la imagen, con las manos esposadas en la espalda. Está rodeado de miembros del CTI de la Fiscalía y de la Policía.
Gabriel Antonio Núñez Fuente, fue imputado homicidio con dolo eventual y violencia contra servidor público, a los cuales no se allanó, siendo enviado a cárcel.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de homicidio con dolo eventual y violencia contra servidor público, a los cuales no se allanó.

El crimen sucedió cuando el  hombre, de 38 años, por evitar un puesto de control, arrolló con la moto al servidor público, a quien además arrastró por varios metros. La gravedad de las heridas causadas al uniformado le causaron la muerte dos días después, en el centro hospitalario. Núñez Fuentes, quien viajaba con su hija como acompañante, huyó del lugar.

Los videos de cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar al ahora procesado, además de ubicar su residencia, donde fue capturado el pasado miércoles por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

Durante la investigación se pudo determinar que para el día de los hechos el presunto responsable no contaba con licencia de conducción, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ni revisión técnico-mecánica para el vehículo.

El judicializado fue cobijado con medida de aseguramiento carcelario.

 

DRA/MAGA/CP/DSS.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.