Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Rigoberto Moncada Bermonth, alias Rigo, por su presunta responsabilidad en la retención ilegal de un líder social en Norte de Santander. 

Un fiscal especializado de la seccional, le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. El cargo no fue aceptado por el procesado.

Se visualiza al capturado junto a un investigador del CTI. Detrás los banners que identifican al Gaula Militar y a la Fiscalía General de la Nación.
Rigoberto Moncada Bermonth, alias Rigo, fue judicializado por  su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo

De acuerdo con la investigación, el 18 de marzo de 2024,  Mario Durán Alarcón, presidente y representante de un gremio de agricultores de derechos humanos, se movilizaba en un  vehículo de servicio público entre Tibú y La Gabarra (Norte de Santander).

La investigación permitió establecer que el procesado, en compañía de otras personas, habrían obligado a la  víctima a descender del vehículo y lo trasladaron a un sector rural de Tibú. Al día siguiente, al parecer, lo llevaron hasta zona limítrofe con Venezuela para entregarlo al Frente 33 de las disidencias de la Farc.

El material de prueba da cuenta de que la víctima fue dejada en libertad tras un pago inicial de 80 millones de pesos.  Asimismo, se pudo evidenciar que el procesado continuó exigiendo recursos adicionales a nombre de dicho grupo armado.

Alias Rigo, fue capturado el pasado 25 de febrero en el barrio La Playa de Cúcuta (Norte de Santander),  por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en articulación con el Gaula Militar. 

 

MPHA/AMCJ/JAAL/EDBC/DSNS

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.