La investigación permitió establecer que la víctima también habría sido sometida a maltratos físicos y denigrantes, durante la retención ilegal.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Maicol Emilson Cardona Arcila, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, extorsión y hurto calificado y agravado.

De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal Gaula de la Seccional Tolima, se conoció que, durante el primer trimestre de 2019, una banda de hombres comenzó a delinquir en zona rural de Herveo (Tolima), donde se hacían pasar por integrantes de un grupo armado ilegal.
Cardona Arcila, junto con otros hombres, al parecer, ingresó en tres ocasiones, a la finca de un hombre, donde vivía con su esposa. En ese lugar, la pareja fue agredida física y psicológicamente, además los taparon con una cobija, hasta casi ahogarlos. Esto ocurrió entre el 3 de febrero y el 30 de marzo de 2019.
En una de las oportunidades habrían sacado a la víctima del inmueble y lo amenazaron con un arma de fuego, disparándole cerca de su oído y le exigieron dinero para no atentar contra su vida.
La víctima habría entregado 1 millón 900.000 pesos, además le fueron hurtados de su casa más de 3 millones de pesos.
Este hombre fue capturado en Salamina (Caldas), por el grupo Gaula de la Policía Nacional. En las audiencias preliminares, no aceptó los cargos imputados.
Por estos hechos, en 2024, fueron judicializados José Ferney Sánchez Orozco y Yeison Cardona Arcila, hermano del hoy procesado.
PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.