Al menos, cuatro hurtos ocurridos en los municipios de Florida, Dagua y Cali habrían significado para la red criminal sumas superiores a los 132 millones de pesos.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusieran medida de aseguramiento carcelaria contra cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Los del Alto, quienes estarían implicados en hurtos a residencias y a establecimientos comerciales del Valle del Cauca.
Se trata de Jean Carlos Chacón Valenzuela, Henrry Vidal Benavides, Alan Marino Corrales Pérez, Hernán Victoria Mosquera, quienes fueron imputados con delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.
Los investigados habrían participado en, al menos, cuatro eventos delictivos ocurridos entre octubre de 2023 y abril de 2024, cuyos montos superarían los 132 millones de pesos. Estos hechos ocurrieron en los municipios de Florida, Dagua y Cali (Valle del Cauca).
La investigación evidenció que los procesados realizaban seguimientos a sus víctimas y vigilancias a los establecimientos comerciales. En varios casos, habrían suplantado a las autoridades e intimidaba a las personas con armas de fuego. Para concretar los delitos, contaban con roles como marcadores, otros debían ingresar a los inmuebles y algunos custodiaban los vehículos en que abandonarían los lugares con los elementos hurtados.
Una operación coordinada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijín y el Ejército Nacional permitió la captura de los procesados, el pasado 22 de enero, cuando realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en Cali y Miranda (Cauca).
MAP/DSC/MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
