La Fiscalía General de la Nación judicializó a presuntos responsables de agredir sexualmente a dos menores de edad en hechos distintos, ocurridos en Mariquita y Purificación (Tolima).

Uno de los procesados era el padrastro de la víctima, mientras que el otro era un trabajador de la finca donde vivía la menor de edad. Jueces de control de garantías acogieron la solicitud de la Fiscalía y les impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.

En el primer hecho, un hombre, presuntamente, abusó a su hijastra entre 2015 y 2019, en Mariquita. El procesado le habría realizado tocamientos libidinosos y la amenazó con quitarle la vida a ella y a toda su familia si contaba lo sucedido. Le imputaron el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

En la imagen se ve un hombre detenido bajo custodia de integrantes de la Policía Nacional
Señalado de abusar de su hijastra por varios años en Mariquita, Tolima.

En un segundo caso, fue judicializado un hombre de 22 años, por su responsabilidad en el abuso sexual de una niña de 12 años. Los hechos se habrían presentado entre 2023 y 2024 en zona rural de Purificación.

En la imagen se ve un hombre detenido bajo custodia de integrantes de la Policía Nacional.
Señalado de haber violentado una menor de edad, aprovechando que trabajaba en la finca donde la niña vivía en Purificación, Tolima.

La víctima habría sido asediada en la finca donde ella residía. La investigación permitió establecer que, al parecer, la atacó en tres ocasiones. La Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía.

 

PAAM/LMFO/AMCJ/MCAA/DST

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.