Fueron afectados nueve bienes valorados en más de 7.000 millones de pesos, ubicados en Casanare y Boyacá.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, toma de posesión, embargo y secuestro sobre nueve bienes que harían parte del patrimonio de una organización delincuencial conocida como ‘La Empresa’, dedicada al apoderamiento, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Se trata de un inmueble urbano y tres rurales, dos vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio avaluados en algo más de 7.000 millones de pesos. Las diligencias de ocupación se realizaron de manera conjunta con la Policía Nacional en Duitama (Boyacá) y Agua Azul (Casanare).
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, ‘La Empresa’ utilizaba guías de transporte falsas para movilizar los combustibles obtenidos ilícitamente y evitar que fueran detectados por las autoridades. Asimismo, constituyó empresas para darles apariencia de legalidad a los productos y venderlos.
En ese sentido, fueron afectados con fines de extinción de dominio los bienes que habrían sido utilizados para facilitar el andamiaje criminal o adquiridos con los dineros producto del accionar fraudulento.
Nueve de los presuntos integrantes de la organización ya fueron capturados y judicializados como posibles responsable de los delitos de concierto para delinquir en concurso con apoderamiento de hidrocarburos.
Esta información se publica por razones de interés general.
JPP/JARG/JC/LQ/DPFC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
