Se trata de Jesús Leonel Díaz Berrío, alias Purru y Jaider Luis Crizon Villa. También fue procesado Deviar Jesit Ortiz Velásquez, presunto cabecilla de finanzas del Clan del Golfo.
Por solicitud de una fiscal Gaula de Cartagena, jueces de control de garantías, en distintos procesos, impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres hombres, capturados en flagrancia por la Policía Nacional cuando, al parecer, extorsionaban en Bolívar.
Durante las audiencias concentradas, el ente acusador imputó a los procesados el delito de tentativa de extorsión agravada, el cual no fue aceptado.
Se trata de Jesús Leonel Díaz Berrío, alias Purru; y Jaider Luis Crizon Villa quienes habrían realizado exigencias económicas a distintos comerciantes y residentes de los barrios El Bosque, El Zapatero y El Milagro de Cartagena.
Los procesados, al parecer, se identificaban como integrantes del grupo delincuencial Salsas Mexicanas Nueva Generación y les exigían a las víctimas el pago de sumas de hasta 10 millones de pesos.
Las intimidaciones se hacían por mensajes de texto, a través de los cuales eran enviadas fotografías de los establecimientos de comercio, de los familiares y de las residencias de las víctimas a quienes, afirmaban, atacarían en caso de incumplir con las exigencias económicas. Los procesados fueron capturaron en el barrio El Bosque.
Por hechos similares fue judicializado Deviar Jesit Ortiz Velásquez, presunto cabecilla de finanzas del Clan del Golfo. El procesado, al parecer, realizaba cobros extorsivos a tenderos, propietarios de establecimientos de comidas rápidas y comerciantes de Cartagena, Turbaco y Bayunca (Bolívar). Su detención se materializó en inmediaciones de Turbaco.
MEVA/LMFO/MAGA/KS/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
