Entre las propiedades afectadas hay una aeronave, además de casas de descanso y establecimientos de comercio.
Las diligencias de ocupación se realizaron de manera simultánea en Antioquía, Santander, Córdoba y Cundinamarca
El rastreo financiero realizado por la Fiscalía General de la Nación al patrimonio de 25 personas que tendrían nexos con el ELN, evidenció que serían las propietarias de 141 bienes. Sin embargo, se detectó que no tenían ingresos económicos estables ni capacidad económica para adquirirlos y sostenerlos.
Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio profundizó en las actividades investigativas y estableció que los activos identificados habrían sido obtenidos con dineros producto del cobro de extorsiones, la ejecución de secuestros y la explotación ilícita de minerales, entre otras actividades ilícitas que se le atribuyen al denominado Comando Especial Urbano del ELN.
Asimismo, conoció que fueron creadas sociedades comerciales en el ámbito ganadero y minero para presuntamente ocultar el origen ilegal de los recursos, y así evadir los controles de las autoridades.
En ese sentido, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro una aeronave, 51 vehículos, 24 fincas, 41 inmuebles ubicados en zona urbana, 7 sociedades, 9 establecimientos de comercio, dinero en efectivo en pesos y dólares, entre otros bienes.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 33.615 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas en Antioquía, Santander, Córdoba y Cundinamarca, gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
FAGH/JARG/JICG/ALTL/DFC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
