Un fiscal y un abogado de Medina (Cundinamarca) fueron cobijados con medida de aseguramiento por el intento de alterar un peritaje que obra como elemento material probatorio en un proceso penal.
La determinación de un juez de control de garantías afectó a Juan Carlos Espinel Rodríguez, fiscal delegado ante jueces penales municipales de Medina, y al abogado litigante Luis Alberto González Marín, por su presunta participación en los delitos de tentativa de fraude procesal y cohecho.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 12 de marzo último, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Villavicencio, bajo la supervisión de Pedro Julio Gordillo, director seccional del CTI en esa ciudad, obtuvieron información sobre posibles ofrecimientos de dinero a Espinel, para favorecer a Aramís Castro, capturado el 8 de marzo en el municipio de Medina por el delito de porte, tráfico o fabricación de armas de fuego.
Según pruebas técnicas e interceptaciones telefónicas, el abogado González Marín exigía dos millones de pesos a un familiar del capturado para “cuadrar el proceso”. A su vez, el abogado y el fiscal acordaron una reunión a la que éste último acudió con el expediente en una maleta. En ese momento, ambos fueron aprehendidos por los investigadores del CTI.
En la decisión, el Juzgado Sexto Penal Municipal concedió a Espinel Rodríguez la medida no privativa de la libertad, mientras que ordenó asegurar con medida intramural al jurista González Marín por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Actualmente está recluido en la cárcel de Villavicencio (Meta).
