Fueron afectados con medidas cautelares siete inmuebles y tres vehículos ubicados en Bogotá.
La organización delictiva impactada también estaría implicada en asaltos a joyerías en Portugal
Como parte de un proceso investigativo que se sigue contra un ‘clan familiar’ que estaría involucrado en el hurto a personas en el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá (Transmilenio), la Fiscalía General de la Nación hizo un rastreo a las finanzas de la organización ilegal y detectó un patrimonio ilícito que superaría en valor los 1.881 millones de pesos.
Los elementos de prueba dan cuenta de que habrían sido comprados bienes con los dineros obtenidos por el ‘cosquilleo’ a los usuarios de Transmilenio en articulados y estaciones, y los asaltos a joyerías en Lisboa (Portugal).
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre siete inmuebles, dos vehículos de gama alta y una motocicleta. Los activos fueron ocupados en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y Kennedy, en Bogotá.
Los propietarios de los bienes han enfrentado diferentes procesos penales. La señalada cabecilla fue capturada con fines de extradición a Portugal, donde es requerida por cargos relacionados con hurto; mientras que cuatro familiares suyos fueron judicializados en Colombia.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades.
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/JARG/JC/DPFC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
