La petición de una fiscal Gaula de Bolívar, fue acogida por un juez de control de garantías, que impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Alfredo Marrugo Arroyo, alias David o Santiago, presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo que delinque en el departamento de Bolívar.
La Fiscalía le formuló imputación por los delitos de extorsión agravada, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y terrorismo. Los cargos no fueron aceptados por ‘David’.

De acuerdo con la investigación, el ahora procesado, al parecer, estaba involucrado en las extorsiones, de las que eran víctimas contratistas del Instituto Nacional de Vías (Invías), desde el pasado 7 de noviembre.
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Se evidenció que desconocidos identificados como integrantes del ‘Clan del Golfo’, al parecer, llegaron hasta la construcción que realiza la empresa estatal en la carretera del municipio de Arjona (Bolívar), para, presuntamente, exigirles el 5% del valor de la obra a cambio de dejarlos trabajar y de no atentar contra sus vidas.
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El 15 de noviembre último, como la pretensión no fue cumplida, la organización criminal, al parecer, prendió fuego a tres de sus maquinarias pesadas y los obligó a detener la obra.
Presuntamente, ‘David’ fue la persona que ordenó la quema de los equipos de construcción. Fue capturado, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el municipio de San Estanislao de Kostka (Bolívar), por el Gaula de la Policía Nacional. Se logró la incautación de un arma de fuego, un proveedor, cuatro cartuchos.
MEVA/LMFO/YC/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.