Juan Carlos Vargas Suárez tuvo en custodia los bienes avaluados en más de 1.300 millones de pesos; sin embargo, al momento de devolverlos no fueron encontrados.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación a Juan Carlos Vargas Suárez, un exdepositario que estaría implicado en la desaparición de 10 lingotes dorados y 69 relojes que pertenecerían a Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’.
Entre febrero de 2021 y abril de 2022, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) designó al hoy procesado para que administrara varios bienes que habían sido afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.
Algunas de las propiedades a custodiar eran las barras doradas, que de acuerdo con el dictamen de peritos certificados corresponderían a listones metálicos; y una colección de relojes, varios de estos de gama alta, que superarían en valor los 1.300 millones de pesos. En su momento, los elementos fueron guardados en una caja fuerte que estaba instalada en un criadero de caballos de paso fino en Tenjo (Cundinamarca), pero al ser buscados para entregarlo a un nuevo depositario no fueron encontrados.
El depositario no entregó explicaciones sobre el paradero de los bienes extraviados, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción le atribuye haber fallado en su deber de cuidado y aseguramiento de los activos que le fueron confiados, los cuales tendrían un origen ilícito.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/PIB/DPM/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
