Rueda Mateus habría aprovechado su profesión de abogado para contactar a los ciudadanos a quienes, se cree, engañó con la falsas promesa de ayudarles con trámites para poder ser beneficiados con la adjudicación de casas o vehículos que serían rematados. Para esto, las víctimas debían entregarle distintas sumas, que totalizarían los 590 millones de pesos.

Un fiscal adscrito a la Seccional Santander judicializó ante un juez con función de control de garantías a Juan Diego Rueda Mateus, presuntamente implicado en la estafa de la que fueron víctimas 17 personas en los municipios de Bucaramanga y Floridablanca (Santander), entre junio de 2022 y enero de 2024.

Rueda Mateus habría aprovechado su profesión de abogado para contactar a los ciudadanos a quienes, se cree, engañó con la falsas promesa de ayudarles con trámites para poder ser beneficiados con la adjudicación de casas o vehículos que serían rematados. Para esto, las víctimas debían entregarle distintas sumas, que totalizarían los 590 millones de pesos.

Por estos hechos la fiscalía le imputó al procesado los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en concurso con intimidación o amenazas con arma de fuego, armas elementos o dispositivos legales.

Los afectados habrían desistido de reclamar sus dineros, debido a las amenazas de las que habrían sido víctimas por parte de Rueda Mateus.

El procesado fue capturado por orden judicial por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado 30 de octubre en el barrio Sacromonte del municipio de Floridablanca, en cumplimiento de una orden judicial.

El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento intramural.

DRA/MAGA/LEZC/DSS.

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.