Los capturados harían parte de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco. Los procesados serían responsables de exigencias económicas ilegales en contra de comerciantes, ganaderos y transportadores de Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta).
Las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación en contra de la extorsión en Meta, permitieron la reciente judicialización de Wender Enrique Medina Varela y Anderson David Peláez Hernández quienes estarían vinculados con exigencias económicas ilegales a comerciantes, ganaderos y transportadores de Puerto Gaitán y Mapiripán.
Los capturados harían parte de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, y estarían encargados de conseguir información de las eventuales víctimas a quienes contactarían personal y telefónicamente para amenazarlos con panfletos y realizar los cobros de dinero, a cambio de no atentar contra ellos y sus familias.
Con el apoyo de un grupo Gaula de la Policía Nacional fue posible capturar a los procesados en momentos en que recibían una elevada suma de dinero, presuntamente vinculada con las referidas intimidaciones. La fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, los cuales no fueron aceptados.
De esta manera, el ente acusador frena el actuar delincuencial de la red de crimen organizado contra los habitantes de sectores como Alto Tillava, El Oasis, El Porvenir y Rubiales en los referidos municipios, donde delinque el grupo armado ilegal.
Por solicitud de la fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los dos investigados. Esta decisión se da por petición del ente investigador que consideró a los dos hombres un peligro para la comunidad.
PYMP/LMFO/MAGA/JHM/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
