Las propiedades pertenecerían a una red dedicada a lavar activos, y están ubicadas en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Córdoba.
La Fiscalía General de la Nación impactó el patrimonio ilícito que habría constituido una organización trasnacional que, entre 1997 y 2000, lavó de manera sistemática activos en Colombia y Panamá, a través de diferentes maniobras financieras como la compra de bienes muebles e inmuebles.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, que estarían a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y algunas personas cercanas.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en situados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).
Los activos afectados con fines de extinción de dominio están representados en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos.
Los dueños de los bienes fueron capturados, judicializados y condenados por participar en un esquema de operaciones financieras ficticias y permitir el traslado de grandes sumas de dinero, que no correspondían a su perfil económico y generaron un incremento injustificado en el patrimonio.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades.
Esta información se publica por razones de interés general.
JP/JARG/JICG/ALT
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
