La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas presuntamente responsables de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y receptación.

En la fotografía aparecen una mujer y dos hombres capturados, acompañados de uniformados del Gaula Militar, de la Policía Nacional y un servidor del (CTI).  En la parte posterior un banner con logos de la entidad.
Ingris Yoana Madrid Pérez, David Patiño Jiménez y Criston Solis Caballero, alias David, fueron capturados el pasado 12 de septiembre.

Se trata de Ingris Yoana Madrid Pérez, David Patiño Jiménez y Criston Solis Caballero, alias David, quienes fueron capturados el pasado 12 de septiembre en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento adelantada por uniformados del Gaula Militar y de la Policía Nacional, en una finca ubicada en zona rural de Chimichagua (Cesar).

Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, las cuales estaban escondidas en un árbol del patio trasero del lugar. La fiscalía obtuvo información que da cuenta de la posible vinculación de estas personas con el ‘Clan del Golfo’.

La Fiscalía logró establecer que una de las armas encontradas había sido robada a su propietario por integrantes de un grupo armado ilegal el año anterior, de igual forma, el ente investigador evidenció que la otra figura a nombre de una empresa de seguridad y debía estar guardada en una guarnición militar de Bucaramanga.   

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia a Patiño Jiménez y Solís Caballero, mientras que la mujer continuará vinculada al proceso.

La Fiscalía apeló la decisión tomada con respecto a dos de los imputados.

 

 

 

 

 

EDH/AMCJ/MAGA/JMAB/DSC.

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.