La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis hombres que habrían  maltratado física, verbal y psicológicamente a sus compañeras sentimentales, padres y hermanos en, hechos distintos, ocurridos en Buenaventura, Buga y Tuluá (Valle del Cauca). De acuerdo con las labores investigativas, en todos los casos las agresiones eran reiteradas.

Uno de los casos involucra a un hombre de 51 años, a quien la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada por su presunta responsabilidad en la agresión a su excompañera sentimental porque terminó la relación debido a los constantes maltratos.

La última agresión se registró el pasado 20 de julio, cuando le habría propinado un golpe en el rostro en el momento en que llegó a su residencia. El hombre la increpó y le arrebató el celular.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que la mujer fue a la vivienda del supuesto atacante para que le devolviera el teléfono. En ese momento el procesado la habría golpeado y la obligó a ingresar al inmueble, donde la intimidó con un arma cortopunzante, la amenazó de muerte e intentó asfixiarla con una tela de cortina.

El hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura.

Los otros hechos se registraron de la siguiente manera: dos en Buenaventura, dos en Tuluá, y uno en Buga. La Fiscalía les imputó el delito de violencia intrafamiliar.

Jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centros carcelarios a los seis procesados. Ninguno de los hombres aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

MAP/AICR/DSVC/AMCJ/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.