El grupo delincuencial vendría comercializando marihuana y bazuco al menudeo desde 2022.

Un fiscal de la Seccional Tolima judicializó a Dairo Rodríguez Zapata, alias Zorro, presunto responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El material probatorio aportado por el ente acusador evidenció que el procesado sería el cabecilla de la organización de microtráfico Los Zorros, desde 2022. Esta red estaría encargada de comercializar marihuana y bazuco en Lérida, Ibagué y Santa Isabel.

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Labores de policía judicial establecieron que la organización de narcotráfico transportaba las sustancias ilícitas en buses de servicio público, y las camuflaba en las llantas de motocicletas, luego de haberlas dosificado en bolsas plásticas de cierre hermético y envolturas en papel. El costo por dosis sería de 7.000 y 10.000 pesos, en el caso de la marihuana; las de bazuco eran comercializadas en valores de 1.000 pesos en adelante.

en la imagen se ve una persona detenida bajo custodia de dos uniformados de la Policía Nacional.
El hombre fue detenido en cumplimiento a la orden judicial que pesaba en su contra en el corregimiento de Chicoral, Ibagué.

Rodríguez Zapata fue capturado por la Policía Nacional en Chicoral, corregimiento de Ibagué. Esta acción se suma a la de agosto pasado cuando fueron judicializados tres integrantes más de Los Zorros.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados por el ente acusador. Todos los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

 

 

 

 

PAAM/LMFO/MAGA/MCAA/DST

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.