También fue vinculado un hombre que, se cree, conducía un vehículo utilizado para cometer el crimen.
Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Marlen Yuliet Múnera Cataño, presunta responsable de ordenar la muerte de su excompañero sentimental.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 1 de marzo, en un establecimiento comercial del barrio Robledo de Medellín. La víctima, de 38 años, fue atacada con arma de fuego por un sicario que huyó del lugar en una motocicleta.
Según la investigación, adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, la mujer habría ordenado el asesinato de su expareja para quedarse con sus bienes y cobrar un seguro de vida por 350 millones de pesos.
Múnera Cataño, de 32 años, fue capturada por servidores del CTI en el barrio Altos de Niquía en el municipio de Bello (Antioquia). Durante la diligencia judicial, a la mujer le fue incautado un revólver con cinco cartuchos. También le fueron decomisados 35 proyectiles calibre 38.
Por los mismos hechos fue cobijado con medida intramural Juan Camilo Zuluaga López, de 30 años, quien, al parecer, conducía un vehículo que también fue utilizado para cometer el crimen. El hombre fue capturado por el CTI en el barrio El Salvador de la capital antioqueña.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la fiscalía por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
LFML/RS/LMFO/MAGA/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
