Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro personas, presuntamente responsables de secuestrar y hurtar a un estadounidense en Medellín.
Los afectados con la medida son Jhon Carlos Jiménez Mendoza, John Edison García Ciro, José Fernando Espinosa Cortés y Ángel Jair Mosquera de León, a quienes se les imputaron los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado.
Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2022 en el barrio El Poblado de Medellín donde la víctima fue abordada por dos mujeres con quienes departió en una licorera y otros locales comerciales, y al finalizar la noche perdió la conciencia.
Según la investigación, el día de los hechos el extranjero llegó a su vivienda acompañado de dos mujeres, las mismas con las que salió poco después. La víctima fue llevada un inmueble del barrio Zamora de Medellín donde, al parecer, lo amedrentaron para que entregara las claves de sus cuentas bancarias.
Al mediodía del 19 de diciembre la víctima fue llevada cerca a su vivienda, donde despertó horas más tarde. Al recobrar la consciencia el ciudadano se percató de que le habían hurtado de su casa un televisor, un computador portátil, una guitarra eléctrica y otras pertenencias avaluadas en 14’000.000; además habrían usado sus tarjetas para realizar compras y transferencias por 89 millones de pesos.
Integrante de la Policía Nacional fueron los encargados de capturar a los ahora procesados en la capital antioqueña. Ninguno aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín.
NAMT/GLT/LMFO/MAGA/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
