La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas, presuntamente implicadas en los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento efectuadas el pasado 23 de agosto en diferentes sectores de Ocaña (Norte de Santander).

Se trata de Jesús Heli Arias Ortiz, Gerson Jair Melo Forero, Luz Dary Neira, Brandon Stiven Quecho Castillo y Cristian Danilo Vargas Pérez, quienes ante jueces con funciones de control de garantías no aceptaron los cargos en su contra.

Se observa a los capturados junto a uniformados de la Policía Nacional. Frente a ellos una mesa con las sustancias alucinógenas incautadas. Detrás el banner que identifica a la Policía Nacional
Los procesados fueron capturados mediante diligencia de allanamiento y registro.

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Actividades de policía judicial e información de la comunidad permitieron establecer que los procesados, al parecer, comercializaban marihuana y cocaína en los barrios Almendros, La Esperanza y San Fermín, afectando entornos escolares y zonas residenciales.

Se observa a los dos capturados junto a uniformados de la Policía Nacional. Frente a ellos los elementos incautados (armas y sustancias estupefacientes). Detrás el banner que identifica a la Policía Nacional.
A los procesados la fiscalía les imputó tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

A tres de los implicados se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Quecho Castillo y Vargas Pérez fueron afectados con detención domiciliaria.

MPHA/CFG/MAGA/EDBC/DSNS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.