La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón y la directora de USAID, Anu Rajaraman, se reunieron con madres, cuidadoras y jóvenes de Quibdó para analizar la problemática de violencia en Chocó que afecta principalmente a niños, niñas, adolescentes y población juvenil hace varios años.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, creó y puso en marcha en Quibdó un Grupo de Tareas Especiales para adelantar las investigaciones y judicializaciones de las desapariciones forzadas y homicidios que se vienen registrando hace varios años contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Chocó.

En la imagen se ve la fiscal Luz Adriana Camargo al lado de la directora de USAID de Misión Colombia, Anu Rajaraman. Al fondo pueden verse más personas, entre funcionarios de la Fiscalía y ciudadanos.
Encuentro en Quibdó de la Fiscal General de la Nación, la directora de USAID Colombia, jóvenes, madres y otros representantes de la comunidad.

Encuentro en Quibdó de la Fiscal General de la Nación, la directora de USAID Colombia, jóvenes, madres y otros representantes de la comunidad. En principio, el grupo de trabajo asumió la misión de examinar integralmente y en contexto episodios de violencia en los cuales han sido víctimas 186 niños, niñas, adolescentes o jóvenes chocoanos. Labor que será liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, y contará con el respaldo de la Delegada para la  Seguridad Territorial, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Seccional de Chocó, la Dirección de Apoyo Territorial, equipos de policía judicial y analistas de la SAC Nacional.

En la imagen está la Fiscal Luz Adriana Camargo junto a madres, cuidadoras y jóvenes de Chocó. Están sentados en una especie de círculo, dentro de una oficina.
La instalación del Grupo de Tareas Especiales fue revelada en reunión de la Fiscal General de la Nación y la directora de USAID de Misión Colombia, Anu Rajaraman, con madres, cuidadoras y jóvenes de Quibdó.

“El equipo conjunto involucra a varias de nuestras dependencias y empieza haciendo la asociación de casos en las investigaciones activas, pero dejando abierta la posibilidad de asociar todos aquellos relacionados por patrones que se vayan identificando como los de georreferenciación y edades de las víctimas. Esta no es tarea de una dependencia, sino de toda la Fiscalía”, precisó la fiscal general Luz Adriana Camargo, al anunciar también la reactivación de las mesas de trabajo para informar y evaluar el avance de las investigaciones, atender a las víctimas y recoger información.

La instalación del Grupo de Tareas Especiales fue revelada en reunión de la Fiscal General de la Nación y la directora de USAID de Misión Colombia, Anu Rajaraman, con madres, cuidadoras y jóvenes de Quibdó, realizada para escuchar las dificultades de acceso a la justicia y la estigmatización de la juventud, así como para analizar el incremento de la violencia en Chocó durante los últimos años contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ese departamento.

Como voceros de la juventud, madres y cuidadoras de jóvenes actuaron Juana Mosquera, Leidy Hurtado, Diana Mendoza, Ana Sánchez, Luz Meli Palacios, Jhonnyer Mosquera y Rosy Chaverra. Por USAID participaron los profesionales Amalia Eraso, Cristina Barrera, Nhora Álvarez, Karina Ramírez y Giovanny Díaz. Por la Fiscalía estuvieron presentes la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera; la directora de Asuntos Internacionales, Adriana Mercado; la directora Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, María Milena Méndez; la directora seccional de Chocó, Mayesty Mesa; y la secretaria Privada, María Fernanda Agudelo.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.