La Fiscalía General de la Nación adicionó imputación a Claudia Marcela Castaño Morales, quien administró recursos y entregó dádivas al senador por el otorgamiento de un contrato.
Un Fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó el 4 y 6 de marzo de 2022 a Claudia Marcela Castaño Morales por el delito de concierto para delinquir agravado por ser presunta integrante miembro del grupo delictivo organizado liderada por el fallecido senador Mario Alberto Castaño Pérez. De conformidad con el recaudo de nuevos elementos materiales probatorios se llevó a cabo audiencia de adición de la imputación ante un Juez de Control de Garantías de Bogotá.
En esta audiencia se completó el rol delictivo que cumplió Castaño Morales al interior de la empresa criminal y se le imputó el delito de peculado por apropiación. En lo que respecta al concierto para delinquir, la Fiscalía destacó que la imputada cumplió un rol de administradora de recursos de una empresa beneficiada de contratación direccionada en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.
De otra parte, el peculado que imputó la Fiscalía obedece a la apropiación de recursos en favor del fallecido senador Castaño Pérez en cuantía de $799.900.000, los cuales eran recursos púbicos del anticipo, que fue desembolsado para la ejecución del Contrato de obra N° 9677-PPAL001-292-2021 celebrado entre la UNGR y un Consorcio por valor de $16.424.941.694.
La participación de Castaño Morales en el peculado consistió en realizar 20 transferencias bancarias en favor de las personas señaladas por el fallecido senador Mario Castaño.
La procesada de manera libre, voluntaria y debidamente asesorada aceptó los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/MAGA/AFVU/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
