La Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de San Pablo, Colón y Buesaco (Nariño) y Puerto Caicedo (Putumayo) habrían sido víctimas de ‘Los Condes’.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, puso en evidencia la existencia de un clan familiar, presuntamente responsable de apropiarse ilícitamente de 2.762 millones de pesos, relacionados con anticipos de obras civiles.
Se trata de Jhon Jairo Conde Carrera y sus hijos Juan Sebastián y Valentina Conde Bustos, conocidos como ‘Los Condes’. Estas personas, al menos desde 2020, habrían conformado consorcios para acceder a contratación estatal y posteriormente, mediante maniobras fraudulentas de subcontratación, lograban el avance financiero del anticipo. Estos recursos del anticipo no fueron invertidos en la ejecución de los contratos y fueron apropiados por la organización delictiva.
Esta empresa criminal pretendía acceder a la Contratación estatal de infraestructura vial, mediante el pago de coimas y porcentajes. ‘Los Condes’ también obtuvieron provecho ilícito de inversionistas quienes fueron engañados e inducidos en error, para invertir cuantiosas sumas de dinero en la comercialización de un estabilizante químico utilizado para pavimentación de vías terciarias.
La Fiscalía imputó a los miembros del grupo delictivo los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, estafa agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.
Un juez con función de control de garantías de Bogotá impuso a los dos hombres medida de aseguramiento en centro carcelario. La mujer afrontará el proceso penal en libertad.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/MAGA/AFV/DECC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
