El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a John Jairo Quintero Yokuro, presuntamente responsable del delito de aprovechamiento Ilícito de los recursos naturales renovables en Putumayo.

 En la imagen se ve al capturado en custodia por un uniformado de la Policía Nacional. Se observa una mesa con la guadaña incautada y detrás hay un letrero de la Policía Nacional.
Uniformados de la Policía Nacional interrogaron a Quintero Yokuro si contaba con algún permiso para talar árboles, documento que negó tener, por lo que fue judicializado.

Los hechos ocurrieron en julio de 2024 en la vereda El Naranjito, zona rural de Orito (Putumayo). Al parecer, el procesado fue sorprendido talando árboles que, según Corpoamazonía, se están ubicados en un área de restricción para dicha actividad, por tratarse de una zona protegida.

Uniformados de la Policía Nacional interrogaron a Quintero Yokuro si contaba con algún permiso para talar árboles, documento que negó tener, por lo que fue judicializado. El procesado tenía en su poder una guadaña.

En la imagen se observa la cantidad de árboles talados.
Al parecer, el procesado fue sorprendido talando árboles que, según Corpoamazonía, se están ubicados en un área de restricción para dicha actividad, por tratarse de una zona protegida.

El investigado no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía. Por su parte, el juez del caso le impuso medida de aseguramiento en el centro de reclusión de Pitalito (Huila).

Esta información se publica por razones de interés general.

WAGG/MAGA/LOR/AR/DSP

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.