Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Adonay Hurtado Cuero, alias Cholo, presunto implicado en el desplazamiento forzado de varios habitantes de Buenaventura (Valle del Cauca).
                                                            
Al parecer, ‘Cholo’ y otros posibles integrantes de la estructura delincuencial Los Espartanos, llegaron el 25 de mayo de 2023 a los barrios Pampalinda y Eucarístico en el puerto del pacífico, donde dispararon contra varias viviendas.
En la fotografía aparece el capturado junto a dos agentes de la Policía Nacional. En la parte superior está un banner dela Policía nacional
Adonay Hurtado Cuero, alias Cholo, fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado agravado

Labores de policía judicial establecieron que ‘Cholo’ sería uno de los responsables de estos hechos. Como posible integrante de ‘Los Espartanos’ habría intimidado y obligado a los habitantes de varios inmuebles a abandonar sus viviendas, ubicadas en las comunas 7 y 8 del puerto.

Por estos hechos, 16 familias habrían sido desplazadas. Entre las víctimas están adultos mayores y menores de edad.

En cumpliendo una orden judicial agentes de la Sijín y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) capturaron a alias El Cholo en un sector de Buenaventura.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó a los procesados delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.

JGPV/AMCJ/AICR/DSV/MAGA/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.