La Fiscalía General de la Nación consiguió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los ciudadanos extranjeros Jesús Alejandro Bonilla Henríquez e Inés María Ortiz Chirinos, presuntos responsables de engañar a trabajadores de la construcción para retenerlos en contra de su voluntad, hurtar sus pertenencias y exigir dinero por su liberación.
Según la investigación adelantada por un fiscal Gaula de Medellín, los procesados, al parecer, contactaban personas dedicadas a construir o remodelar viviendas. Cuando estaban con las víctimas en el lugar indicado, llamaban a un supuesto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ o de las disidencias de las Farc, que supuestamente se encontraba en centro carcelario, y quien les manifestaba a los trabajadores de obra que estaban secuestrados y que tenían que pagar 30 millones de pesos por su liberación.
Estas personas están vinculadas en tres eventos similares ocurridos entre el 20 de septiembre y el 18 de noviembre de 2023.
Los hechos ocurrieron en zonas boscosas de los municipios de Santo Domingo, Caldas y Entrerríos (Antioquia), donde dos parejas de esposos y dos hombres fueron citados para realizar cotizaciones de construcciones o arreglos de inmuebles.
Los secuestradores ataron de las manos a las víctimas y los obligaron a decir que estaban secuestrados por grupos armados en un video que enviaron a sus familiares para presionar el pago exigido. Tras no recibir dinero por su liberación los dejaron en libertad dos horas después, luego de hurtar sus pertenencias.
La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Cargos que no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
NAMT/LMFO/CFG/JJQ/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
