La investigación se inició a raíz del desplome del Edificio Blas de Lezo el 2 en abril de 2017, cuya construcción estuvo a cargo de ese clan familiar.
Tras valorar las pruebas que entregó un fiscal de la Seccional Bolívar, un juez de conocimiento condenó a 7 años y 8 meses de prisión a Jonathan y a Luis Fernando Rivera Quiroz, dentro del proceso que se adelanta por unas construcciones ilegales en Cartagena.
Cabe recordar que por estos mismos hechos ya fueron condenados Wilfran, Eusebio, Emis y María de las Nieves Quiroz Ruíz y Reynaldo Camargo Ruíz, constructor de la firma, por su responsabilidad en los delitos de uso de documento falso, fraude procesal y estafa en masa.
De acuerdo con la investigación, los hoy condenados construyeron de manera irregular los edificios Innova, ubicado en el barrio Alto Bosque y Victoria III en el barrio La Concepción.
La Fiscalía logró demostrar que dichas obras se realizaron con soportes de licencia de construcción falsas porque no cumplían con los requisitos exigidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tales como que las áreas mínimas requeridas para la construcción no se ajustaban a las normas urbanísticas exigidas. Sin embargo, con los documentos falsos, lograron obtener de notarías y de la Oficina de Instrumentos Públicos las escrituras con las que posteriormente vendieron los inmuebles a sus clientes.
Con estas actuaciones los sentenciados indujeron en error a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por lo que debieron responder por los delitos de fraude procesal, uso de documento falso y estafa agravada en modalidad masa, por los cuales recibieron esta condena.
Por disposición judicial la pena será cumplida en sus lugares de domicilio con brazalete, más el pago de una multa consistente en 4.800 salarios mínimos legales vigentes.
Esta información se publica por razones de interés general.
MEVA/CFG/RJGD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
