El hombre fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda en Tocaima (Cundinamarca).
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Daniel Esteban Bosa Gómez, alias El Paisa, quien estaría implicado en un atentado contra el concejal Iván Enrique Salguero Hernández, ocurrido el pasado 07 de enero, en Girardot (Cundinamarca).
Labores de policía judicial entre las que se destaca el detallado análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y entrevistas a testigos, permitieron elaborar una línea de tiempo, modo y lugar de los hechos, que establecieron la posibilidad de que el procesado disparó desde una motocicleta, contra el vehículo en el que se desplazaba el cabildante.
Según se logró determinar, esta persona aparentemente en compañía de otra, habría seguido el vehículo para luego cometer el ataque que le ocasionó heridas al político.
Trabajo coordinado entre Fiscalía y Policía
Gracias a las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, alias El Paisa fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda en Tocaima (Cundinamarca).
En los procedimientos fue incautada un arma de fuego cuya procedencia no tiene soporte de legalidad.
Por estos hechos la Fiscalía imputó a Bosa Gómez los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Los cargos no fueron aceptados por el detenido.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MG/CMS/SFC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
