Jhon Fredy Manco Torres, en su condición de cabecilla paramilitar, fue declarado responsable por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento de población civil.
Luego de valorar las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Antioquia ratificó la condena en
contra de Jhon Fredy Manco Torres, alias Alberto o El Indio, como responsable del homicidio
de un integrante de la Unión Patriótica (UP), en zona rural de Dabeiba (Antioquia).
El sentenciado, en su condición de cabecilla del bloque Elmer Cárdenas de las extintas
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tuvo conocimiento y permitió el crimen de Marco
Aurelio Osorio Manco, perpetrado el 17 de junio de 2002.
Hombres armados que hacían parte de la estructura paramilitar a su cargo interceptaron a la
víctima, quien se movilizaba en una motocicleta junto a un adolescente, la llevaron a una
finca, le propinaron varios disparos y arrojaron el cuerpo al río Sucio, donde fue encontrado
siete días después.
Posteriormente, los familiares del señor Osorio Manco y del joven que fue testigo de lo
ocurrido tuvieron que abandonar sus tierras, y buscar refugio en Medellín y otras
poblaciones.
La persona asesinada perteneció a la UP, por lo que el bloque Elmer Cárdenas de las AUC
ordenó la acción criminal en su contra por considerarla opositora.
En ese sentido, alias El Indio deberá cumplir una pena de 35 años y 6 meses de prisión por
los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento de
población civil; y pagar una multa equivalente a 3.900 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/HT/DECVDH/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
