Se libró orden de aprehensión en su contra.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, a través de la Sala Mixta del Sistema Penal para Adolescentes, avaló la petición del fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Caquetá y revocó la sentencia en primera instancia impuesta a un adolescente de 17 años, ordenando que fuera privado de la libertad en un centro especializado por el término de 4 años.
El joven fue condenado por su coautoría en los delitos de homicidio, en concurso heterogéneo con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los hechos motivo de esta decisión judicial ocurrieron el 12 de julio del año 2022 en el barrio Restrepo de Florencia, cuando condujo la motocicleta en la que transportó a Eduard Alexis Mosquera Muñoz quien disparó contra la humanidad de Noel Humberto Castro Colorado.
La víctima, quien era firmante de paz, pretendía abordar un vehículo en compañía de varios integrantes de su familia a eso de las 9:30 de la noche, pero recibió varios impactos por arma de fuego, uno de ellos en su cabeza, el cual fue fatal.
Una vez aprehendido, el joven deberá ser internado en un centro especializado en Neiva, Huila u en otro del país, en procura de atender y dar cumplimiento a los programas de atención especializados que se ajusten a los lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para menores infractores.
Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/LYBT
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
