Las pruebas aportadas por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif) permitieron que un juez de control de garantías de Pereira (Risaralda) ordenara medida privativa de la libertad en centro carcelario contra un hombre de 32 años, presuntamente responsable de agredir a su mamá, de 54.

La investigación evidenció que en, al menos, tres oportunidades el procesado habría agredido a su progenitora en la vivienda familiar ubicada en el barrio Samaria de Pereira (Risaralda).

La evidencia física recaudada señala que los hechos de violencia intrafamiliar se presentaron el 19 septiembre de 2023; al igual que el 31 de enero y 01 de febrero pasados.

La Fiscalía estableció que en una oportunidad la víctima habría sido golpeada por su hijo por exigirle que no utilizara una vela de un altar, para encender sus cigarrillos. En otra, los malos tratos e intimidación con un arma cortopunzante habrían obedecido a la petición de la mujer para que el procesado bajara el volumen de la música.

Atendiendo al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan a las mujeres, el fiscal del caso solicitó medida de aseguramiento en un centro carcelario, por tratarse de una persona que representa un peligro para la sociedad y para su propia progenitora.

Esta petición fue atendida por el juez del caso, ante quien la Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

La Fiscalía habla con resultados.

CLCG/MAGA/CABS/DSR

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.