Hernán Iván Díaz Ramírez, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa gravada, fue enviado a la cárcel de manera preventiva, tras su captura durante un procedimiento de solicitud de antecedentes por parte de uno de los cuadrantes de la Policía Nacional en Ibagué, Tolima.
Un despacho adscrito a la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima durante las audiencias preliminares solicitó medida de aseguramiento intramuros en su contra, al considerar que representa un peligro para alrededor de 11 víctimas, quienes perdieron la suma de 200 millones de pesos, al creer que era un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- con quien podían negociar de manera segura, remates de diversos artículos a muy buenos precios.
Según el ente acusador, los hechos habrían ocurrido entre el año 2019 y 2021 cuando el procesado induciría en error a las víctimas al hacerles creer que trabajaba en el área de aduanas y manejaba una cooperativa que lograba remates de productos y elementos incautados en diversos procedimientos como vehículos, electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.
Es así como los afectados le entregaban sumas entre 1, 2 y hasta 80 millones de pesos según el interés del comprador. Posteriormente perdía contacto con ellos.
Díaz Ramírez tiene antecedentes por el mismo delito y cuenta con numerosas anotaciones en diferentes partes del país por estafa y otros delitos contra el patrimonio. Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan el patrimonio.
La Fiscalía habla con resultados
PAAM/MVGV/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
