Un fiscal adscrito a la Seccional Risaralda logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Johnny Alexander Piedrahita Escobar como posible responsable de extorsionar a un menor de 17 años y a la mamá de este.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Dosquebradas (Risaralda) el 20 de mayo de 2023. Se presume que las llamadas amenazantes que se le atribuyen al ahora procesado, habría sido realizadas desde un celular previamente hurtado a la víctima de las exigencias económicas ilegales.
En dichas comunicaciones el hombre le habría exigido al menor el pago de un millón y medio de pesos para no asesinarlos a él o a su progenitora.
Según la investigación, el procesado habría accedido a la información del teléfono y de esa manera se cree pudo concretar el delito que se le atribuye. También fue posible establecer que Piedrahita Escobar habría enviado a la víctima, fotos en las que aparecía la fachada de su casa y otras de familiares.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula del Ejército Nacional capturaron al procesado en el Barrio El Balso de Dosquebradas. Durante esta diligencia al procesado le fueron encontradas varias dosis de estupefacientes.
En cumplimiento del compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana, la Fiscalía imputó a Piedrahita Escobar por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Esta información se publica por razones de interés general
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/CABS/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
