El señalado responsable de la acción criminal fue vinculado formalmente como persona ausente.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Edison Favier Nova Duque, alias Marlon, presunto integrante de la estructura Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, que estaría involucrado en el homicidio de cuatro personas, dos funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y dos reclamantes.
Los hechos investigados ocurrieron el 27 de mayo del 2021, en la vereda San Isidro, en Mesetas (Meta). Las víctimas recorrían esa zona del país adelantando actividades relacionadas con restitución de tierras, cuando fueron interceptadas por hombres armados, retenidas en contra de su voluntad, obligadas a cavar huecos en la tierra y atacadas con armas de fuego.
Posteriormente, los cuerpos fueron sepultados.
Las evidencias dan cuenta de que alias Marlon pertenecería al grupo que ejecutó la acción violenta y habría participado activamente en el crimen. Asimismo, hay evidencias que lo responsabilizan de otros asesinatos y extorsiones en contra de la población civil y comerciantes en La Uribe y Mesetas (Meta).
Un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y municiones agravado.
Durante las audiencias concentradas, el juez de control de garantías declaró a alias Marlon persona ausente y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Adicionalmente, emitió orden de captura en su contra.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/CAM/DST/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
