Un fiscal en Cartagena judicializó a Rafael Ramón Mercado Barrios, alias El Viejo Rafa, y a sus hijos Fabián y Gabriel Camilo Mercado Corpas, de 25 y 29 años, respectivamente, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

En la fotografía están tres hombres de pie, moreno, gruesos, vestidos con camisetas blancas y bermudas azules, custodiados por dos uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos se ven la droga incautada en paquetes rectangulares.
En una diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional les fueron hallados, al parecer, 90 paquetes con más de 50 kilos de marihuana.

Labores de policía judicial permitieron ubicar un inmueble en el barrio Olaya Herrera, de Cartagena, donde al parecer se almacenaban, expendían y comercializaban estupefacientes.

En una diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional el pasado 16 de febrero a dicha vivienda, se capturaron en flagrancia a los hoy procesados, a quienes les encontraron 90 paquetes con más de 50 kilos de marihuana lista para distribuir.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el juez de control de garantías dispuso para los tres familiares medida de aseguramiento en la Cárcel San Sebastián Ternera en la capital de Bolívar.

Se sigue cumpliendo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de resolver con eficacia los delitos que afectan la seguridad ciudadana y a personas en estado de vulnerabilidad.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

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MEVA/CFG/ICHS/DSB

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.