Cristóbal Morales Mazo aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos; y deberá cumplir una pena que supera los seis años de prisión.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que el exalcalde de Padilla (Cauca), Cristóbal Morales Mazo, aceptara mediante preacuerdo que direccionó la contratación en su municipio con la participación de otros funcionarios y contratistas, que conformaron un entramado de corrupción.
En ese sentido, un juez penal especializado de Popayán (Cauca) condenó al exmandatario a seis años y seis meses de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Además, le impuso una multa de 1.383 salarios mínimos mensuales e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 78 meses.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que, entre 2021 y 2022, el entonces alcalde aprovechó su cargo para orientar el trámite y celebración de siete contratos que ascendieron en valor a 975 millones de pesos; y tenían por objeto el suministro de materiales de obra, mejoramiento de vías, construcción de alcantarillado pluvial en el casco urbano, alquiler de maquinaria amarilla y adecuación de plazoletas y parques.
Adicionalmente, fueron advertidas múltiples irregularidades como la filtración de información reservada de los procesos contractuales a los oferentes, que en realidad hacían parte de la red criminal. De esta manera, presentaban múltiples propuestas para simular que existía pluralidad de participantes; sin embargo, una de las ofertas contenía los parámetros presupuestales y las condiciones técnicas para quedarse con los contratos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/ACC/DECC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
