Estas acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía permitieron ubicar y restablecer los derechos de una menor de 17 años que sería obligada a sostener relaciones íntimas con hombres.
Dando cumplimiento al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana, la Fiscalía en Atlántico judicializó a una mujer por su presunta responsabilidad en la explotación sexual de menores de edad.
Estas acciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación y en las que participaron otras entidades del orden nacional, permitieron la captura en flagrancia de Ana Carolina Pérez Montes. La mujer fue detenida el pasado 1 de febrero en un establecimiento nocturno ubicado en el barrio Centro de Barranquilla.
En el marco de la diligencia uniformados de la Policía Nacional encontraron en un cuarto a una menor de 17 años. Según la investigación, la adolescente era obligada a sostener relaciones íntimas con distintos hombres, quienes luego le entregaban a la procesada distintas sumas de dinero, debido a que su rol sería el de administrar el lugar.
Las labores adelantadas por la Fiscalía permitieron restablecer los derechos de la víctima.
El ente investigador imputó a la procesada el delito de estímulo a la prostitución de menores de edad, cargo que no aceptó.
Un juez con función de control de garantías acogió la solicitud de un fiscal adscrito a la Seccional Atlántico para que la procesada fuera cobijada con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
SKCR/MAGA/CLD/JB/ECHP/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
